La semana pasada supimos, luego de varias iniciativas, que el Senado de la República Mexicana aprobó la regulación de los videojuegos en el país. Es un tema muy delicado que se presta para una discusión extensa, pues aunque la iniciativa en su origen busca algo bueno que es proteger a los públicos jóvenes de contenidos para adultos, conlleva también una serie de problemáticas que sin lugar a dudas afectarían de lleno a la industria de los videojuegos en nuestro país. Se han preguntado ¿cuáles podrían ser las posibles consecuencias de tal regulación en México?
En este contenido enumeramos una serie de reflexiones del staff al respecto del tema en el escenario en que entren en vigor nuevas normativas de regulación local de los videojuegos, todos son escenarios hipotéticos y especulativos, esperemos que en el mejor de los casos las cosas sean menos graves de los escenarios que aquí planteamos.
Si los videojuegos pasan por las manos del gobierno para ser regulados, seguro esa vigilancia no será gratuita. Un gran temor viene de que un nuevo impuesto bajo este pretexto incremente un precio que, de entrada, ha subido de forma acelerada en los últimos años luego del incremento del costo del dólar respecto a nuestra moneda.
Ponerle una nueva clasificación local a los videojuegos con un medio impreso a los títulos físicos puede cargarles un poco más de dinero a su costo.
El esfuerzo de otras empresas en la región para lograr que los títulos lleguen puntuales y se lancen de forma simultánea que en otras regiones puede verse arruinado por esta regulación. Revisar los contenidos de los videojuegos que lleguen al país pueden tomar un buen tiempo y eso, por consecuencia, provocar que las fechas de lanzamiento se vean afectadas de forma negativa.
En un escenario todavía más dramático, si suceden ambos puntos anteriores, es lógico que ante precios elevados y fechas de lanzamiento retrasadas, los consumidores compren menos videojuegos; si estamos en un mercado que muchas veces no es tan representativo para las ventas globales, una caída dramática en las ventas de videojuegos podría hacer que las empresas de videojuegos que tienen representación en la región terminen rindiéndose y abandonándola en cuando a u presencia oficial.
De forma similar al escenario del punto anterior, es lógico pensar que si existe un aumento en costos o retraso en las fechas de lanzamiento, los primeros en sufrir sean quienes venden de forma legal videojuegos en el país, tanto tiendas especializadas como otros comercios que cuentan con su área dedicada a este medio. El hecho de que se encarecieran los juegos y se retrasaran pudiera provocar que quienes busquen juegos físicos tomen otras alternativas como las importaciones ilegales en el mercado gris para obtener mejores precios y posiblemente antes de que lleguen de forma oficial luego de su regulación. La piratería quizá también sería otra alternativa para los usuarios.
Otra de las alternativas que tendría el consumidor sería migrar por completo al mercado digital pues quizá sea más complicado para el gobierno poder controlar ese tipo de distribuciones en donde no podría tampoco añadirse un hipotético impuesto adicional por la regulación. Si le cierran el cerco al jugador, quizá no sea mala idea migrar al mercado digital.
En un sistema corrupto como el que desgraciadamente domina en nuestro país, es muy posible que esta regulación sería blanco también de prácticas corruptas como pago de sobornos, tanto de los publishers que deseen clasificaciones que beneficien la manera en que quieren comercializar sus productos, como de todo el sistema de distribución donde toda esta regulación pierda el sentido y más bien se convierta en un corrupto negocio adicional para los encargados del mismo.
Ahora una buena pregunta sería ¿cómo se pondría esta regulación en marcha? Lo más lógico sería pensar en estrategias visuales como un sticker sobre las cajas que indicara la clasificación local, el uso de cintillos –como los usados en las cajetillas de cigarros– con advertencias sobre el contenido de juegos con clasificaciones para adultos y una campaña visual en las tiendas.
Es mejor educar que simplemente prohibir por lo que en el mejor de los casos una buena estrategia de comunicación visual educativa sobre el tema para el público consumidor sería de las mejores opción ante la problemática.
¿Qué otras consecuencias creen ustedes que pudieran llegar luego de esta regulación? Los invitamos a opinar en la sección de comentarios.
