Una de mis mejores amigas es maestra de inglés en una escuela primaria. Hace no mucho, en una reunión casual, terminamos hablando de videojuegos. Aunque ella no es muy afecta a jugar, sus alumnos la tienen bien actualizada, y de la manera más fuera de lo común posible.
Conoce santo y seña de Call of Duty, Slender y –claro– Grand Theft Auto. ¿Por qué? Digamos que es algo muy común que, a media clase, algún niño se levante de su lugar para apuntar con una metralleta imaginaria a algún compañero. O que se le acerque algún otro preguntando qué significa el “I’m gonna kill you, motherfucker” que escuchó mientras jugaba.
No, no es que le asuste. Más bien, eso explica una realidad acerca de los videojuegos que todo mundo sabe pero que pocos, incluyendo medios y jugadores, mencionamos: los padres compran juegos a los niños sin revisar que sean aptos para su edad la mayor parte de las veces. Lo relevante es que, pese a esto, se suele acusar al videojuego de ser el único factor para moldear la conducta de los menores de edad.
Es justo en este panorama en el que pensé cuando leo que se promueven en la actual legislatura iniciativas varias para regular videojuegos. Desde un impuesto motivado por el combate a la obesidad (que toma a los videojuegos como causa directa), hasta aquella que, incluso, pide la inclusión obligatoria de textos en español para comercializar los juegos en México. Incluso, nos topamos con peticiones de atender que el país tenga el dudoso honor de ser primer lugar en videojuegos (sin aclarar en qué sentido), ya que “se basan totalmente en la violencia” (sin explicar a qué se refiere con ello).
Podría parecernos completamente exagerada la preocupación de legisladores como la diputada del PRD, María del Rosario Merlín, quien afirmó el último punto. Sin embargo, hay un detalle que no podemos pasar por alto: todos los contenidos mediáticos están sujetos a una regulación oficial. Y, más que censura, es una norma que se aplica en la mayoría de los países para evitar, justamente, que públicos a quienes algo no va dirigido hagan mal uso del mismo. De esta manera se define también en quién recae la responsabilidad de vigilar que tal cosa no ocurra.
Obviamente, es una situación ideal que requiere un progreso cultural, en el que cada parte asuma su responsabilidad: desde en la aplicación de la ley hasta la crianza de los niños. Por tanto, si bien una regulación no necesariamente debería representar a un jinete del Apocalipsis, necesitamos una sociedad madura para que ésta no se convierta en censura.
En materia de videojuegos, regular representaría mecanismos con los cuales cada público podría jugar aquellos títulos acordes con su edad, de manera que se evitaran polémicas, teniendo como clave su aplicación.
Sí, existe el ESRB estadounidense, pero hay que admitir dos verdades que hacen a dicho mecanismo uno muy limitado para servir como único filtro en México. De entrada, no es obligatorio que un videojuego en México tenga visible ésta u otra clasificación. La única regla es que, al tratarse de importaciones, el distribuidor en el país coloque la edad a la que va dirigido en una etiqueta de datos, la cual suele estar en una parte poco notoria del empaque.
El que la clasificación no sea obligatoria también da pie a otra desventaja: buena parte del público la desconoce. Si bien muchos anuncios de videojuegos incluyen la etiqueta hasta en sus menciones televisivas, la mayoría de los padres no ponen atención a la misma ya que están poco familiarizados con lo que significan las siglas y a qué público se dirigen. Sin embargo, muchos de los datos están en inglés, y la gente no está obligada a ser bilingüe, por más útil que resulte serlo.
Por ello, la idea de una etiqueta obligatoria, con una clasificación definida por instancias locales e información en español sería una excelente idea. No sólo daría al público una mejor idea de lo que está comprando, también llevaría al consumidor la responsabilidad de estar al pendiente de qué tipo de contenidos llegan a los menores. Incluso sería una buena iniciativa para que lo padres hagan consciencia acerca de cómo diferenciar cada clasificación antes de poner el grito en el cielo. Lo duro, como siempre, es el cómo.
¿Quién va a definir las clasificaciones? ¿Bajo qué criterios? Es una de las cuestiones que deberían resolverse con mayor cuidado. No sólo al imponer una clasificación, sino al hablar de cualquier tipo de regulación oficial. Esto siempre termina siendo uno de los puntos más polémicos, pues clasificar mal un contenido puede limitar su alcance de audiencia y, por consiguiente, generar menos ganancias a sus productores.
Sería ideal un registro abierto de especialistas, dedicados, exclusivamente a clasificar videojuegos mediante un proceso transparente, además de que los puntos para dicha regulación pudieran ser discutidos por todos los involucrados: jugadores, especialistas en pedagogía, padres de familia, docentes, retailers, y representantes de la industria, entre otros. Por desgracia, el que todas las voces se escuchen al momento de generar leyes es algo que no sucede a menudo en los procesos legislativos. Pero sería de gran ayuda para establecer un rasero justo con el cual darle a cada título su debido cauce y que no se convierta en una censura.
Luego de construir un mecanismo justo de regulación, sería vital que el Estado, medios, retailers y miembros de la industria informáramos al público acerca de dicha clasificación. Señalar desde las diferencias entre cada rango, las ventajas de adquirir el título para el público adecuado y, obviamente, cuál es la relevancia de tomar esta diferenciación en cuenta. Por supuesto, el ideal sería que las tiendas no vendieran al público material no apto para su edad. Lo cual, por supuesto, está lejos de ser censura.
Por desgracia, muchas veces este tipo de mecanismos se construye lejos de la ciudadanía. Inclusive, bajo argumentos comerciales, dejan de realizarse. Es un hecho que el dirigir el producto al público adecuado limita las ganancias, por lo que las ventas claramente podrían reducirse. Además, son detalles a los cuales no está sujeto el mercado informal, por lo cual existiría el temor para que el público se mueva a dichas instancias en cierta medida.
Es claro que toda medida tiene sus desventajas, por lo que se requiere un compromiso claro al momento de establecer medidas para que cada juego llegue al espacio que se requiere. Al final del día, considero, es una inversión que a largo plazo redituaría en una mayor confianza del público en general por la industria. ¿Estará dispuesta la industria?
También quienes jugamos debemos asumir que esta medida podría limitar el acceso de ciertos gamers a juegos considerados violentos. Pero, seamos honestos, es justo que los padres tengan en sus manos el poder de decidir qué juegos llegan a las consolas de sus hijos. Más que prohibirles jugar, tendrían más herramientas para comprender qué juegan y, por supuesto, orientarlos al consumir ciertos contenidos. Para que todo funcione es necesaria, por supuesto, la existencia de información clara al respecto al alcance de todos.
Seamos realistas. Hay más obstáculos que ventajas al momento de establecer un mecanismo claro para regular los videojuegos de manera justa y clara. Sin embargo, trabajar por ello es algo que nos corresponde a todos. Sí, es probable que no termine con el trabajo de una maestra de primaria por lidiar con preguntas incómodas por sus alumnos, quizá tendría más informados a los padres acerca de lo que ellos juegan. Y, por supuesto, reduciría la paranoia de varios legisladores pidiendo un control más estricto cuando la respuesta es dar juntos la dirección correcta a cada cosa.
En cualquier caso, ésta es sólo mi opinión y comentario. ¿Ustedes qué piensan?
